* La desaparición en México es un delito multifactorial en el que participan mafias criminales, redes de trata, corrupción institucional y participación directa o indirecta de agentes del Estado. La impunidad no es la excepción, sino la regla en el país.

* La exigencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), de Amnistía Internacional y Human Rights Watch busca activar el Artículo 34 de la Convención de la ONU, ante la impunidad del 99.6% y la presunta participación o complicidad de autoridades.


La tragedia de las personas desaparecidas ha dejado de ser una estadística para convertirse en una herida abierta que atraviesa generaciones, territorios e instituciones y que ha obligado al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, urgen a México a declarar una emergencia nacional.

Con más de 133 mil personas reportadas como desaparecidas, el país enfrenta una de las crisis humanitarias más profundas del hemisferio occidental, que refleja la violencia del crimen organizado y la fragilidad del Estado para garantizar lo más básico: la vida y la dignidad de sus ciudadanos.

La exigencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), de Amnistía Internacional y Human Rights Watch busca activar el Artículo 34 de la Convención de la ONU, ante la impunidad del 99.6% y la presunta participación o aquiescencia de autoridades.

El número de desaparecidos no es únicamente alarmante por su magnitud, sino por su crecimiento sostenido en las últimas dos décadas. Desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, la desaparición de personas se ha disparado de forma dramática.

Sin embargo, reducir el fenómeno a un subproducto del combate al crimen organizado sería simplificar una realidad mucho más compleja. Es una cifra que desborda al Estado.

Hoy, la desaparición en México es un delito multifactorial. Intervienen organizaciones criminales, redes de trata, corrupción institucional y, en algunos casos documentados, la participación directa o indirecta de agentes del Estado. Esta combinación ha generado un contexto donde la impunidad no es la excepción, sino la regla.

Uno de los rasgos más perturbadores de esta crisis es la proliferación de fosas clandestinas a lo largo del país. Estados como Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero concentran algunos de los hallazgos más impactantes.

En estas tierras, colectivos de familiares —muchas veces sin apoyo oficial— se han convertido en buscadores, forenses improvisados y guardianes de la memoria. Las fosas clandestinas son el mapa del horror.

La imagen de madres escarbando con sus propias manos en busca de restos humanos se ha vuelto un símbolo doloroso de la ausencia del Estado. No es solo la desaparición lo que agravia, sino la indiferencia institucional que obliga a las víctimas a hacer el trabajo que corresponde a las autoridades.

La falta de resultados en las investigaciones es uno de los factores que perpetúan esta crisis. De acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la gran mayoría de los casos de desaparición en México no se resuelven.

Las carpetas de investigación se acumulan, las fiscalías carecen de recursos y capacidades técnicas, y los sistemas de identificación forense están rebasados. Es impunidad estructural.

A ello se suma un problema estructural: la fragmentación institucional. La coordinación entre fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y las comisiones de búsqueda es deficiente o inexistente. Esto genera duplicidad de esfuerzos, pérdida de información y, en última instancia, revictimización.

Las víctimas invisibles: familias en duelo permanente. Cada persona desaparecida arrastra consigo a una familia entera sumida en la incertidumbre. A diferencia de la muerte, la desaparición no permite cerrar ciclos. Es un duelo suspendido, una espera interminable entre la esperanza y la desesperación.

En este contexto han surgido cientos de colectivos de búsqueda integrados principalmente por mujeres. Madres, hermanas y esposas que han decidido organizarse ante la inacción gubernamental. Su labor ha sido crucial no solo para localizar restos, sino también para visibilizar la magnitud del problema a nivel nacional e internacional.

Otro ángulo crítico de la crisis es el colapso del sistema forense. En México existen decenas de miles de cuerpos sin identificar en servicios médicos forenses y fosas comunes. La falta de bases de datos integradas, tecnología adecuada y personal especializado dificulta la identificación, prolongando la agonía de miles de familias.

Este rezago refleja una crisis institucional profunda: no basta con encontrar cuerpos, es indispensable devolverles nombre e identidad. El principal reto forense son 72 mil cuerpos sin identificar en el país.

A pesar de la creación de mecanismos como la Comisión Nacional de Búsqueda y diversas reformas legales, los avances han sido insuficientes frente a la magnitud del problema. La política pública ha oscilado entre esfuerzos fragmentarios y discursos que minimizan la gravedad de la situación.

La crisis de desapariciones en México no es solo un problema de seguridad, sino un desafío directo al Estado de derecho. Cuando una persona desaparece y no hay consecuencias, el mensaje es claro: la vida puede ser borrada sin que nadie responda por ello. ¿Dónde está el Estado?

Hablar de 133 mil desaparecidos no es hablar de números, sino de historias interrumpidas, de proyectos truncados y de familias fracturadas. Es también hablar de un país que, pese a todo, resiste a través de la dignidad de quienes buscan.

La salida a esta crisis no será rápida ni sencilla. Requiere voluntad política real, inversión en capacidades forenses, fortalecimiento institucional y, sobre todo, un compromiso genuino con la verdad y la justicia.

Es una crisis que exige verdad y justicia porque en México, cada desaparecido no solo falta en su hogar: falta en la conciencia nacional. Y mientras no aparezcan, el país seguirá incompleto.

alfredo_daguilar@hotmail.com
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@efektoaguila